Torrejón de Ardoz, junto a otros 22 municipios de toda España, ha sido noticia en los medios de comunicación nacionales durante este martes debido a una serie de registros que han llevado a cabo agentes de la Guardia Civil dentro de una operación contra la corrupción denominada Termyca.
Se investigan delitos de blanqueo de capitales, malversación de fondos, prevaricación , cohecho, tráfico de influencias, alteración de precios de concursos y subastas públicas, fraude e infidelidad en la custodia de documentos.
En el caso de nuestro municipio no ha habido ningún detenido ni implicado entre sus trabajadores ni miembros de la corporación y “los agentes ha solicitado toda la información relacionada con las relaciones con la empresa CGI y todas las que fueron absorbidas por ella”, según señala un comunicado emitido por el Ayuntamiento del municipio.
Este empresa fue contratada en el año 2001, durante el gobierno del PSOE, para llevar a cabo la recaudación del Consistorio. En el año 2005, cuando gobernaba la colación PSOE-IU se le renovó el contrato. Posteriormente, en el año 2010, y ya con el PP en el Gobierno local, se decidió rescindir este contrato porque se remunicipalizó este servicio.
El comunicado emitido por el Ayuntamiento torrejonero señala que “ante las informaciones emitidas en diversos medios de comunicación, esta institución no está implicada en ninguna trama corrupta ya que la única relación contractual con estas empresas fue desarrollada desde el año 2001-2010 siguiendo los procedimientos legales establecidos”.
Dentro de esta operación se ha detenido, entre otras personas a nivel nacional, a Lucía Mora, que fue durante un tiempo interventora municipal en Torrejón de Ardoz, pero que dejó su cargo hace unos meses para marcharse a Trillo, municipio que también está siendo investigado al igual que Miraflores de la Sierra y Chinchón, lugares en donde también Lucía Mora ha ejercido de interventora municipal.
A raíz de una denuncia efectuada en 2014, se detectó que en los ayuntamientos afectados se estaba realizando un mal uso de las Entidades Públicas Empresariales Locales. Consta la elaboración de informes inexistentes o la asignación y contratación de servicios irreales. Gran parte de los fondos ilícitamente obtenidos eran enviados a Andorra.
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