El Pleno municipal del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz celebrado esta mañana ha aprobado unánimemente una declaración institucional en apoyo a los torrejoneros afectados por las promociones de Fidere y Lazora.

El Grupo Popular, PSOE y Podemos han dado su apoyo a los vecinos “ante la injusta situación que están atravesando familias torrejoneras con sus viviendas en régimen de alquiler o alquiler con opción a compra, situadas en las calles Juan Gris nº 4, Joan Miró nº 7, Francisco Salzillo nº 7, Benjamín Palencia nº 2 y Paseo de la Democracia nº 10, propiedad de Blackstone-Fidere así como Joan Miró nº 1 propiedad de Lazora, debido a la abusiva subida de la renta de éstas o/y la imposibilidad de ejercitar su compraventa”.

El alcalde, Ignacio Vázquez, ha indicado en la sesión plenaria que “cada uno de los grupos de concejales llevábamos una propuesta en apoyo de los vecinos que están sufriendo el abuso que se está realizando por parte de las promotoras, pero la negociación entre las diferentes formaciones ha dado su fruto, ya que una declaración institucional de todos los grupos favorece en gran medida la petición de los vecinos y vecinas de esta ciudad afectados por esta abusiva subida de la renta de sus viviendas”.

La moción exige a las empresas Fidere y Lazora que adopten de manera inmediata medidas como mantener en la prórroga de los nuevos contratos de alquiler formalizados con los antiguos arrendatarios de las viviendas, una vez finalizados los anteriores contratos de arrendamiento con opción de compra, la renta del contrato anterior actualizada con el índice de precios al consumo (IPC) para quien no opte a la opción de compra.

Otro de los puntos del acuerdo indica que “asimismo, el arrendatario podrá optar por la devolución total o por una compensación consistente en minorar o reducir mensualmente la nueva renta (renta antigua actualizada con el IPC) a satisfacer en virtud del nuevo contrato firmado, en un porcentaje a convenir entre las partes y por todo el tiempo que sea necesario hasta completar la cuantía total de ese 50 por ciento objeto de devolución”.

También se insta en la moción a “garantizar el derecho de opción de compra de la vivienda y anejos vinculados por una cantidad idéntica al precio máximo que figura en la calificación definitiva concedida por la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid”.

Por su parte, el vicealcalde y portavoz del Gobierno local, José Luis Navarro, ha expresado que “aunque no debería ser así, es algo difícil que todos los grupos políticos alcancen acuerdos unánimes, por eso es reseñable el haber conseguido llegar a este consenso en torno a los vecinos afectados por la actitud abusiva de Fidere y Lazora. Pero aquí lo importante es poner soluciones a la situación que están atravesando estos vecinos y en esto hay que implicarse las tres administraciones, estatal, autonómica y local, para no volver a cometer estos errores. Debemos actuar en dos sentidos; dando todo el apoyo posible social, institucional y jurídico a estos vecinos y estableciendo los mecanismos con las modificaciones legales necesarias para que esta situación no se vuelva a repetir”.

El portavoz del PSOE, Javier Castillo, afirmó que “es el mejor texto que el Ayuntamiento ha podido presentar en forma de declaración institucional, y quiero reconocer y agradecer al alcalde y al Grupo de concejales del PP la flexibilidad que han tenido a la hora de llegar a este acuerdo y reconocer su valentía con este posicionamiento”.

Por otro lado, en representación de Podemos, su portavoz, Olga Jiménez, recordó que “en principio presentamos nuestra propia moción, pero tras conocer la declaración hemos visto que quedan reflejadas nuestras propuestas, por eso la hemos aprobado”.

Moción institucional aprobada:

1. Exigir a las empresas Fidere y Lazora que adopten de manera inmediata las siguientes medidas:

1.1 Mantener en la prórroga de los nuevos contratos de alquiler formalizados con los antiguos arrendatarios de las viviendas, una vez finalizados los anteriores contratos de arrendamiento con opción de compra, la renta del contrato anterior actualizada con el índice de precios al consumo (IPC) para quien no opte a la opción de compra.

Asimismo, el arrendatario podrá optar por la devolución total a que se refiere el punto 1.4 o por una compensación consistente en minorar o reducir mensualmente la nueva renta (renta antigua actualizada con el IPC) a satisfacer en virtud del nuevo contrato firmado, en un porcentaje a convenir entre las partes y por todo el tiempo que sea necesario hasta completar la cuantía total de ese 50 por ciento objeto de devolución.

1.2 Garantizar el derecho de opción de compra de la vivienda y anejos vinculados por una cantidad idéntica al precio máximo que figura en la calificación definitiva concedida por la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, es decir, sin aplicar a dicho precio máximo ningún coeficiente de actualización o coeficiente multiplicador, y descontado del mismo el 50 por ciento de las cantidades entregadas en concepto de renta durante la vigencia del contrato de arrendamiento con opción de compra.

1.3 Ampliación del plazo de ejercicio del derecho de opción de compra para posibilitar así al arrendatario, de forma real y no ficticia, la consecución de su derecho constitucional de “acceso a una vivienda digna y adecuada”.

1.4 Devolución inmediata al arrendatario del 50 por ciento de las cantidades entregadas en concepto de renta durante la vigencia del contrato para el caso de que a este no le interesare el ejercicio del derecho de opción de compra.

1.5 La renta de los nuevos contratos de arrendamiento formalizados con nuevos arrendatarios, será como máximo la misma renta a que se refiere el punto 1.1

2. Manifestar el pleno apoyo del Ayuntamiento y de la ciudad a estos vecinos torrejoneros.

3. Reprobar la actitud de las empresas Fidere y Lazora con estos vecinos torrejoneros.

4. Incorporar en el marco de la política municipal de vivienda la máxima de que la vivienda social sea considerada común un servicio de interés general.

5. Reprobar el acto de la venta de viviendas públicas por parte de la Comunidad de Madrid a fondos buitre.

6. Instar a la Comunidad de Madrid:

• A la modificación del artículo 18 del Reglamento de Viviendas de Protección Pública de la Comunidad de Madrid, no permitiendo la enajenación de las viviendas con protección pública a sociedades o fondos de inversión inmobiliaria.

• Establecimiento del precio máximo que se fije en función de la valoración de la Dirección General de la Vivienda de la Comunidad de Madrid.

• Garantizar el derecho de tanteo y retracto para que las ventas que se realicen sean ofertadas previamente a los beneficiarios.

• Prórroga del alquiler, manteniendo las mismas condiciones para quien no opte a la opción a compra.

7. Dar traslado de esta declaración institucional a la Comunidad de Madrid, a la Federación de Municipios de Madrid y a las empresas Fidere y Lazora.